La contratación pública representa entre el 15% y el 20% del producto interior bruto en la mayoría de países europeos desarrollados.
La incorporación de cláusulas sociales y laborales en la licitación pública puede permitir corregir externalidades negativas en el proceso de producción que alejan la producción privada de la socialmente óptima, generando un coste a la sociedad. Estas cláusulas permiten a las administraciones públicas corregir la asignación de mercado en relación a la distribución del empleo entre hombres y mujeres, entre contratos de desigual duración temporal, mejora de las condiciones laborales, conciliación de la vida profesional y familiar, promoción del empleo de personas con capacidades diferentes y de colectivos especialmente afectados por el desempleo, formación y protección de la salud y la seguridad en el trabajo, etc.
Por ello, se propone la incorporación de elementos en la contratación pública de obras, bienes y servicios que apoyen la mejora de la seguridad vial y de la movilidad segura y sostenible, reduciendo la siniestralidad vial de origen laboral.
